Los Chicos de la Calle y el Trabajo Infantil

(Publicado en El Semejante - Año 7 Nro. 50 de septiembre de 2008 y en Psicología Social para Todos: tierra y escritura del hacer, sentir y pensar - Año 3 Nro. 28 de abril de 2011)

12/6/08 – Día Mundial contra el Trabajo Infantil

LOS CHICOS DE LA CALLE Y EL TRABAJO INFANTIL

1.- Algunos Aspectos de Indole Psico-Social (*)

La familia es un grupo humano cuyos miembros están ligados entre sí por lazos de consanguinidad, por constantes de tiempo y espacio, y por vínculos afectivos y culturales. Es ese escenario donde se construyen las relaciones e intercambios básicos que condicionan en buena parte el futuro de cada persona. A partir de la articulación de sus mutuas representaciones internas, sus integrantes estructuran generalmente un estilo de vida en procura de seguridad, equilibrio y estabilidad. La Convención Americana sobre Derechos Humanos -más conocida como Pacto de San José de Costa Rica (1969)- dice: “La familia es el elemento natural y fundamental de una comunidad y debe ser protegida por la sociedad y por el Estado”.

No obstante lo antedicho, en esa articulación donde se generan los roles y funciones de padre, madre, hijo (triángulo fundante), cónyuges, hermanos, etc., las dificultades de construcción vincular suelen provocar no pocas perturbaciones. Sucesos familiares de duelo, muerte, pérdida, abandono, maltrato, abusos y vejámenes son situaciones traumáticas que, sumadas a la crítica realidad económico-social imperante, inciden de modo directo en la fisura de ese grupo primario. Desde hace años una larga y penosa crisis estructural afecta a los estratos más indefensos y vulnerables de la sociedad. Gran parte de las mujeres y de los hombres que hoy no tienen empleo se han habituado a desempeñarse en el sector informal de la economía.

Hoy nos encontramos con más de una generación de individuos sin empleo estable, por lo que cada vez se hace más difícil revertir esta verdadera cultura de trabajo diferente, representada por condiciones precarias de labor como es el caso de los cartoneros, los vendedores ambulantes, los sub-empleados, entre otras formas de marginalidad urbana que a diario podemos ver. Este cuadro propicia la temprana salida de muchos chicos a la calle, expulsándolos de su seno familiar. La pobreza y la injusticia en la distribución de la riqueza es el principal problema que los afecta. Excluidos de la vida escolar, de los centros de salud y del acceso a una vida digna, llegan a ser sostén de sus familias además de trabajadores informales.

Entre las razones que llevan al menor al abandono del hogar podemos apuntar algunas de estas causas: fallas de las funciones paterna y materna (padres ausentes o figuras parentales inestables); quiebre de la comunicación entre padres e hijos (fracturas funcionales de la familia); fisuras en las redes de la familia ampliada; padres autoritarios que ejercen un poder omnímodo; mujeres sumidas en maternidades compulsivas; progenitores alcohólicos y/o maltratadores; situaciones de abuso sexual intrafamiliar; falla de las redes solidarias vecinales; insuficiencia de las instituciones públicas y privadas, como también de la función del Estado en cuanto a su falencia como promotor y efector de políticas que protejan al niño y su familia.

Vemos a los jóvenes en situación de calle separados de su grupo familiar y haciéndose cargo de ellos mismos, portadores de una infancia madurada antes de tiempo; decididos incluso a enfrentarse y vérselas con el mundo institucional que los rechaza. Estos pibes conforman un grupo cultural con su propia logística, construida en base a la dura lucha por sobrevivir. Cabe sí distinguir entre aquellos que trabajan en la calle para procurar el sostén de sus familias, de quienes viven en la calle y pelean por su propia subsistencia, siendo sus afectos familiares inexistentes o sumamente débiles y deteriorados. Estos últimos han elegido la calle como hábitat casi siempre por situaciones de maltrato físico, psíquico, sexual, etc.

Al irse de su hogar, el menor sacrifica su desarrollo evolutivo normal (es decir, el propio de la cultura en que le tocó vivir); y va en busca de lo que cree ser una alternativa de libertad y, por qué no, en demanda de cierto reconocimiento. La calle se constituye en un lugar familiar, pero es al mismo tiempo un no lugar. Poco a poco va encontrando un grupo de pares, se incorpora a las leyes de la calle; tal vez logre formar parte de una banda o pandilla y forje así su carácter en ese mundo donde la violencia suele ser moneda corriente. Todo esto agravado por su automarginación psico-social, pese a que la mayor marginación proviene del lado de la sociedad que no le permite integrarse a ella. Aparecen claras conductas de evitación.

Los chicos de la calle conforman así un grupo socio-cultural, con su propia lógica construida en la batalla por supervivir. Surgen nuevas agrupaciones que de manera espontánea van adquiriendo formalidad. Esta es una lucha entre el "ser" y el "pertenecer"; pertenencia a otros grupos diferentes a su familia, a veces opuestos a ella, y en los cuales se es alguien. Estamos ante una cultura singular: la del niño callejero donde, por adjudicación o asunción de roles, nacen "líderes" que ofician de intérpretes entre sus códigos y los de la sociedad. La verbalización es prácticamente nula y la proyección hacia el futuro no existe. Lo primero es comer, y por comer todo vale. Es frecuente que el hambre excluya toda posible solidaridad.

Estos jóvenes de la calle se hallan en un estado de abandono activo y permanente, ya que han sido excluidos también por la escuela, las instituciones intermedias y la comunidad en su conjunto. Son segregados, estigmatizados y clasificados como peligrosos y potenciales delincuentes, ladrones, drogadictos, etc. para el bien de la sociedad. Como todo abandonado, es muy probable que roben, agredan (y se auto-agredan), sufran infortunios y accidentes reiterados, manejen dinero y tomen sus propias decisiones en materia de horarios, actividades, comidas, descansos, etc. Así, incluso pueden llegar tempranamente al delito y a la prostitución. Aunque no hay duda de que son ellos quienes padecen una violencia social descalificante.

Ha sido una lógica desde hace mucho tiempo el cuidar a la población de las posibles agresiones provenientes de estos jóvenes de la calle, como así también la eventual reclusión de los mismos. Los estudios sociales más recientes han denominado a esta situación como culpabilización de la víctima. Son acusados de contravenciones y delitos contra la propiedad o contra la libertad individual. Incluso a los niños que trabajan en la calle se les imputa el transgredir normas comerciales o de tránsito en la vía pública, cuando no se los acusa de vagancia. La víctima es, por lo tanto, culpable de lo que le sucede y el castigo es una medida de protección: se protege a la comunidad por los daños posibles que aquéllos le puedan producir.

El contexto del fenómeno es amplio puesto que incluye un problema estructural económico, social y cultural. Y a él se suma una situación de máxima desprotección, cual es el trabajo infantil. Estamos muy acostumbrados a escuchar lo paradójico que resulta que un país rico en recursos y posibilidades haya dejado a miles de sus hijos desamparados, atrapados en las garras de la miseria. Este es un emergente de nuestra sociedad fracturada. El exceso de pobreza ligado al empeoramiento de los niveles de inequidad, al aumento de las desigualdades vitales básicas, ha tensado al máximo las posibilidades de mantener el equilibrio familiar. Los niños, niñas y adolescentes trabajadores son otra de las manifestaciones de esta cruda realidad.

2.- Otras Consideraciones de Naturaleza Jurídica (**)

Veamos a continuación algunos aspectos jurídicos y legales que hacen a los derechos de estos niños "de" y "en" la calle. Para comenzar, digamos que los denominados derechos humanos en general pueden definirse como aquellos que son intrínsecos a nuestra naturaleza y sin los cuales no podemos vivir como individuos. Es decir, son los atributos que nos permitirían alcanzar un desarrollo pleno. Según la temática aquí expuesta, los derechos humanos de los jóvenes de la calle están planteados en la disyuntiva existente entre su vigencia y su atropello, entre una conducta que induce a su cumplimiento y una realidad que los infringe. Es necesaria una política que logre dar cuenta de los aquí mencionados mecanismos de expulsión.

Resulta obvio que no alcanza con tener presente la problemática de los niños, niñas y jóvenes de la calle, sino que es indispensable el conocimiento y la promoción de sus derechos para así disminuir la injusticia que indudablemente sufren. Los estudios psicosociales sobre la institución familiar hablan de dos necesidades básicas: la necesidad de identidad, de individuación, que debe integrarse con la necesidad de cohesión y de mantenimiento de la unidad de grupo en el tiempo y en la historia. Por ende, es dable atender los derechos de estos menores de edad a su identidad como personas y, al mismo tiempo, como miembros de una comunidad con la que comparten sus intereses, sus costumbres y también sus pautas culturales.

Cuando nuestro país suscribió, en el año 1990, la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño -adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas-, se produjo un evidente cambio ideológico respecto de las políticas públicas para la niñez. El mismo consistió, entre otros aspectos, en poner punto final a la antigua doctrina que consideraba al menor como objeto de tutela por parte del Estado, avalada por un régimen de tratamiento readaptativo social de neto corte autoritario y disciplinar. Con posterioridad, a partir de la reforma del año 1994, los derechos del niño adquirieron jerarquía constitucional, fundamentalmente para enfrentar el flagelo que implica el antes referido trabajo de menores.

Trabajo infantil, pobreza, desempleo y precarización constituyen realidades que van de la mano. El censo del INDEC del año 2001 dio por resultado que cuatro de cada diez niños vivían en situaciones extremas: padre o madre ausentes, menor asistencia a la escuela, mayor tasa de repitencia, tareas en la calle y mendicididad (vgr.: cartoneros, botelleros, mendigos, limpiavidrios, abre-puertas, cuida-coches, malabaristas, acordeonistas, etc.). A todo ello debemos adicionarle otras actividades enmarcadas por la OIT como las peores formas de trabajo infantil, pues ponen en gravísimo peligro la salud psico-física de los niños, a saber: la esclavitud, la prostitución y la pornografía infantiles (convenio 182 de la Organización Internacional del Trabajo).

“La pobreza es un crimen y la infancia no espera”, dice el creador de la Fundación Pelota de Trapo. Las oportunidades vitales que no se tienen durante las primeras edades son oportunidades perdidas para siempre. La Encuesta de Actividades de Niños, Niñas y Adolescentes (EANNA) señala que el trabajo infantil involucra a un millón y medio de chicos menores de diecisiete (17) años de edad, acelerándose así sus procesos de maduración y acortándose consecuentemente el ciclo educativo de cada uno de ellos. Es de hacer notar que casi un sesenta por ciento (60%) de los adolescentes entre 13 y 17 años de edad que trabajan no asisten a la escuela. Veamos ahora alguna normativa específica que procura atender esta delicada realidad.

En la Argentina, desde el año 2000 funciona la Comisión Nacional para la Erradicación del Trabajo Infantil (CONAETI), integrada por todos los ministerios -con excepción del de Defensa- más el Episcopado, la CGT, la CTA, la UIA, la Sociedad Rural, la OIT, UNICEF y otras organizaciones no gubernamentales (ONG). De ella depende la Comisión Provincial para la Prevención y Erradicación Progresiva del Trabajo Infantil (COPRETI), cuya estrategia es que los municipios sean los principales receptores del problema y que, asimismo, generen las soluciones para tan delicado tema. De ser un país en estado de prevención respecto del trabajo infantil, hemos pasado a ser un país en estado de necesidad de erradicación del trabajo infantil.

En el Pacto Federal del Trabajo (Ley Nro. 25.212), su anexo IV concluye que la principal causa del trabajo infantil es la pobreza y su consecuencia natural: la inestabilidad familiar. Esta normativa -suscripta por la Nación, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires- fija a la vez condiciones generales de política, previendo establecer y poner en ejecución una estrategia nacional destinada a prevenir y erradicar el trabajo infantil, protegiendo esencialmente a los niños y jóvenes que trabajan. Dicha actividad coordinada debe recuperar, a través de un impulso sistémico de las inspecciones del trabajo, su rol educativo, preventivo y sancionador -de ser este último necesario- en vista de la efectiva vigencia del orden público laboral.

Finalmente, apuntemos que en octubre de 2006 se publicó la Ley Nro. 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, que considera a éstos como sujetos activos de derechos. Define con precisión las respectivas responsabilidades de la Familia, de la Sociedad y del Estado en relación a sus derechos universales y especiales, dada la condición de personas en desarrollo de todos los jóvenes hasta la edad de dieciocho (18) años. Esas garantías -de carácter irrenunciable- son: el derecho a la vida, a la dignidad e integridad personal, a la identidad, a la libertad, a la igualdad, a la no discriminación, a la vida privada e intimidad familiar, a la salud, a la educación, a la seguridad social, al deporte y al juego, entre otras.

Es relevante puntualizar que los ejes de las políticas públicas que conforman las Medidas de Protección Integral pueden sintetizarse del siguiente modo: a) fortalecimiento del rol de la familia; b) descentralización de los organismos de aplicación de la ley; c) gestión asociada de los órganos de gobierno con la sociedad civil; d) promoción de redes intersectoriales; y e) constitución de organizaciones en pos de la defensa y protección de los derechos de la niñez y adolescencia. En tal sentido, fue creada la figura del Defensor de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, con su consecuente especificidad técnica y con la particularidad de ser designado no por el Poder Ejecutivo sino por el Congreso de la Nación.

Toda la normativa citada hace puntual referencia a la responsabilidad gubernamental, a la responsabilidad familiar y a la ineludible participación comunitaria imprescindible para lograr la tutela integral de los niños y jóvenes (especialmente de los más desprotegidos y abandonados). A tales efectos es necesaria la implementación de estrategias encaminadas a la formación de equipos interdisciplinarios: médicos, psicólogos, asistentes sociales, sociólogos, abogados, etc. Los Psicólogos Sociales, como agentes de cambio, podemos también concebir este espacio común para el intercambio de nuestras ideas y experiencias, como así también para la atención de las necesidades atinentes a esta grave y puntual problemática.

(*) Muchos de los conceptos vertidos en este capítulo se desprenden del texto “Los Chicos de la Calle”, de la Psicóloga Social Patricia M. Varesini.

(**) Para completar este apartado, puede verse el texto “Sobre los Derechos de Niños y Adolescentes” en mi sitio web:
http://www.ronaldowright.com/

 
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